Esta obligación sólo se aplicará a los edificios de la administración central y no a los de las administraciones regionales o locales.

La norma exige además que las compañías de gas y electricidad ahorren al año el 1,5% de sus ventas de energía en volumen. Para ello, deberán financiar a los consumidores medidas de eficiencia energética como la instalación de ventanas con doble acristalamiento o de tejados aislantes.

No obstante, la norma deja libertad a los Estados miembros para proponer mecanismos de ahorro alternativos.

Además, los Gobiernos deberán fijarse un objetivo de eficiencia energética y presentar un plan de acción cada tres años, en 2014, 2017 y 2020. Bruselas evaluará en junio de 2014 los progresos alcanzados.

El objetivo de esta norma es garantizar que la UE logre el objetivo que se ha marcado de aumentar la eficiencia energética un 20% de aquí a 2020. No obstante, la propia Comisión ha reconocido que si sólo se aplican los requisitos mínimos previstos en la directiva, el ahorro será únicamente del 17%.